Ago 25, 2021 Servicio de noticias SAN JUAN
En San Juan hay 293 personas que figuran en el registro de deudores alimentarios morosos, creado hace alrededor de 20 años en la Provincia y que depende del Poder Judicial. Sobre fines del año pasado había 280 personas, por lo que el incremento se ha dado pero no muy alto, alcanzando alrededor del 5%. Así lo informó este miércoles director de Control de Gestión y Estadísticas del Poder Judicial local, Marcelo Pintos. El dato se conoce cuando en el Congreso de la Nación estudian un proyecto de ley para garantizar el pago de la cuota alimentaria para niños, niñas y adolescentes en parejas separadas.
En la mayoría de los casos los deudores son varones pero este año se dio el caso de una abuela que no cumplía este sostenimiento obligatorio de uno o varios menores de edad. «Nos pasó de recibir el registro de esta abuela pero es algo que no es habitual. Nosotros no vemos expedientes completos ni la deuda, entendemos que hay motivos para que esté porque hay decisión judicial», analizó el funcionario judicial en diálogo con radio Estación Claridad. El abogado que defiende a los menores busca como depositario de este pago mensual a alguien con relación directa, un pariente que esté en condiciones de hacer la manutención y no siempre es el padre o la madre del niño.
Se trata de un registro que lleva adelante el Poder Judicial que se nutre de las comunicaciones que hacen los jueces, enviando a figurar allí a las personas que deben hasta 3 cuotas alimentarias seguidas o 5 alternadas, según establece la ley. El magistrado es también quien comunica a quién dar de baja cuando sale del incumplimiento. Esta última liberación se da luego de que se analiza la conducta de quien tiene que pagar la cuota alimentaria, si ha respondido a las intimaciones. La cuota a veces es un porcentaje de sueldo y a veces una suma fija y en las sentencias también puede haber entrega de materiales más allá del recurso económico. Este proceso de altas y bajas se da mediante oficio escrito y ahora se analiza hacerlo de manera electrónica y automática para evitar demoras. «Son pocas las bajas que recibimos, no es un registro que tenga movilidad muy fuerte», comentó Pintos .
Cada persona registrada como deudor de cuota alimentaria se notifica al EMICAR y a la Dirección de Transporte ya que esta falta implica que el moroso no puede renovar el carnet de conducir.
El proyecto nacional
Según un informe del Centro de Implementación de Políticas Publicación para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en Argentina solo una de cada cuatro mujeres que no convive con el padre de sus hijos cuenta con los ingresos de la cuota alimentaria.
Esto genera que las mujeres deban hacerse cargo del 100% del costo económico que los alimentos de un niño o niña demandan. En muchos casos esto también configura violencia económica o patrimonial contra las mujeres, lo que hace que se acumulen presentaciones en la justicia.
Con esta idea es que la semana pasada entró al Congreso de la Nación un proyecto de ley impulsado por la diputada nacional Jimena López (Frente de Todos) que promueve la creación de un sistema nacional para “garantizar el derecho fundamental a una prestación alimentaria básica para niñas, niños y adolescentes”.
La iniciativa, que cuenta con el apoyo y la firma de varios legisladores del bloque del oficialismo, señala que al separarse “muchas madres no pueden acceder a la justicia para garantizar una prestación alimentaria básica mientras que las que llegan tienen que reclamar judicialmente durante mucho tiempo para poder fijar una cuota o lograr su actualización”.
Con la normativa actual, si no se cumple con el pago de la cuota alimentaria correspondiente puede realizarse una denuncia civil y penal por incumplimiento. Sin embargo, esta denuncia debe probar que el o la progenitora poseen los medios económicos para cumplir dicha obligación y no lo hace de manera voluntaria.
“Las cifras revelan, centralmente, la necesidad de regular una situación que pone en riesgo la calidad de vida de muchas niñas, niños y adolescentes ya que la cuota no se refiere sólo a los alimentos. La norma establece que comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes”, explicó la diputada a Infobae.
“Por eso, el propósito de este proyecto es asegurar el interés superior de quienes son el futuro de nuestro país, de quienes más debemos proteger, garantizando el derecho alimentario a través de la creación de un Sistema Nacional de Prestación Alimentaria Básica Parental que dé previsibilidad a madres y padres: una retención y transferencia inmediata a la persona a cargo de hijos e hijas de padres separados”, señaló López, quien trabajó la presentación junto al equipo de Malena Galmarini del Frente Renovador.
Un dato no menor a la hora de hablar de lo que significa el sustento económico y que establece la norma local es que la cuota varía año a año y esa variación está ligada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Asimismo, en la mayoría de los distritos hay un registro de Deudores de Cuotas Alimentaria, como el que existe en San Juan, creado por la Ley 13.074 y que comenzó a funcionar en 2004. Fue creado para la protección de los Derechos del Niño.
El deber alimentario de los padres con los hijos e hijas se encuentra regulado en el Código Civil y Comercial y en tratados internacionales, que gozan de jerarquía constitucional, como el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Fuente: Tiempo San Juan
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