Pese a los recortes nacionales, San Juan tiene garantizados los fondos para obras y programas

Ago 24, 2022 Servicio de noticias POLÍTICA, SAN JUAN

La ministra de Hacienda, Marisa López, consultó al equipo técnico de Sergio Massa.

La gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía de la Nación hizo recortes en cinco áreas de la administración pública: Desarrollo Productivo, Educación, Salud, Transporte y Obras Públicas. En particular, redujo en casi $50.000 millones el gasto de capital (obra pública) previsto para provincias y municipios para lo que resta del año, según la decisión administrativa 826/2022 publicada el 20 de agosto en el Boletín Oficial. Esto encendió las alarmas de los gobernadores.

Luego del encuentro de mandatarios peronistas, Sergio Uñac dijo que «la obra pública y las tarifas son cosas que preocupan y necesitamos mayores precisiones sobre las mismas». Para San Juan es un tema particularmente sensible, pues el presupuesto 2022 es de 246.755.301.000 pesos, de los cuales 157.536.296.000 pesos corresponden a fondos nacionales. De ese monto, buena parte está destinada al puntal de la gestión uñaquista: la construcción de viviendas.

La decisión de Massa, oficializada por el jefe de Gabinete Juan Manzur, cayó como un balde de agua fría. Hubo llamados telefónicos desde San Juan a los equipos técnicos del Ministerio de Economía. La respuesta fue positiva: no habrá recortes para la provincia. Así lo confirmó la ministra de Hacienda, Marisa López, quien dijo que «están garantizadas las partidas para obras y programas con fondos nacionales». Tampoco habrá reducciones en el resto de las carteras.

Áreas recortadas en Nación

Se dispuso reducir las partidas de gastos hasta fin de 2022 en diferentes Ministerios por un total de $210.000 millones y ampliar la asistencia a la Tesorería en $82.000 millones.

Por Ministerios los recortes son :

Desarrollo Productivo se le aplicó un recorte de $ 70.000 millones.
En Educación la reducción fue de $ 50.000 millones y comprende al Programa conectividad- Conectar Igualdad (-$ 30.000 millones), Fortalecimientos de Jardines Infantiles (-$ 15.000.000) e Infraestructura y Equipamiento (- $ 5.000 millones).
Al Ministerio de Salud le recortaron un total de $ 10.000 millones en el Programa “Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles”.
El Ministerio de Transporte tuvo un ajuste de $ 10.000 millones, donde se destaca el programa Transferencias a Gobiernos Municipales en -4.076 millones.
El Ministerio de Obras Públicas, con un recorte de $20.000 millones, se destacan las partidas “Transferencias a Instituciones Provinciales y Municipales para Financiar Gastos de Capital (-$ 4.000.000.000) y otros – 5.000 millones por Transferencias a Gobiernos Provinciales en la partida de “Recursos Hídricos”.
Para Asistencia Social y Asistencia por Servicios Económicos se aumentaron las partidas en $82.000 millones, de los cuales $ 45.000 millones son para «gastos de personal».

Lo que pidieron los gobernadores

Propiciar un amplio consenso para obtener la sanción del presupuesto 2023 con criterio federal e inclusivo, a los efectos de evitar que la Ley Fundamental de la Nación no sea objeto, una vez más, de disputas sectoriales ni especulaciones electorales.
Garantizar la continuidad de los programas de obras públicas y viviendas con el objeto de dinamizar la actividad económica y facilitar el acceso de los derechos sociales de nuestra comunidad.
Promover la disponibilidad para nuestro pueblo de la producción de alimentos de buena calidad y precios accesibles, coordinando acciones entre los distintos niveles estatales (Nación, Provincias y Municipios) a través de redes de proveedores locales y mercados populares.
Fortalecer la articulación entre nuestras provincias de una red federal de laboratorios públicos y proveedores locales para reducir el precio de insumos y medicamentos genéricos.
Desarrollar los mayores esfuerzos de coordinación para transformar planes sociales en empleos genuinos, y al mismo tiempo proteger el ingreso de las familias mediante políticas tarifarias que contemplen principios esenciales de equidad y accesibilidad, en el sentido de preservar la estructura de ingresos y consumos. En este sentido, es necesario resolver las asimetrías en materia de subsidios de transporte público y ratificar un sendero de tarifas energéticas compatibles con el mayor consumo en zonas específicas del país.