El Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley que busca priorizar la mano de obra y los proveedores provinciales en pleno auge del RIGI, fijando metas de contratación y fuertes multas por incumplimiento.
En medio de un escenario de fuerte expansión minera impulsada por el cobre y los incentivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el Poder Ejecutivo de San Juan dio un paso clave para regular el impacto económico en la región. Hoy ingresó a la Legislatura el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa que busca medir, transparentar y potenciar de manera activa la participación de la comunidad en la cadena de valor de la industria.
El corazón de la propuesta apunta directamente al mercado laboral: el texto fija como objetivo central que el 80% de los trabajadores de cada operación minera posea residencia en San Juan, otorgando especial prioridad a quienes habitan en los departamentos considerados dentro del área de influencia directa de los yacimientos.
Planificación en lugar de cupos rígidos
A diferencia de normativas anteriores, el proyecto no establece cupos obligatorios automáticos que limiten la libre competencia. En su lugar, propone un esquema basado en la presentación cada dos años de Planes de Desarrollo de Empleo y de Proveedores. Las empresas mineras y sus contratistas principales deberán trazar metas progresivas y rendir cuentas periódicamente; si no alcanzan los porcentajes previstos, tendrán que justificar técnicamente los desvíos (por ejemplo, por la falta de personal calificado), lo que activará de inmediato acciones de capacitación estatales y corporativas.
Fuente: Diario San Juan 8