Un vecino transfirió $100.000 a la cuenta de Mercado Pago del funcionario por el alquiler de un puesto, pero en el sistema figuraba como un trámite «anulado». La Justicia no descarta que existan más víctimas.
La causa que investiga a un empleado de la Municipalidad de Calingasta por el presunto desvío de fondos públicos sumó en las últimas horas detalles reveladores sobre cómo se ejecutaba la maniobra fraudulenta. El caso salió a la luz tras la denuncia penal radicada por el propio intendente del departamento, Sebastián Carbajal, y derivó en allanamientos ordenados por la Justicia en el edificio municipal. Ahora, el foco de la investigación recae en el accionar específico de un inspector que utilizaba su cargo para derivar el cobro de cánones a su billetera virtual.
Según la nueva información que se sumó al expediente, el mecanismo ilícito quedó al descubierto a raíz de la experiencia de un vecino de la comuna. El damnificado se había acercado a las dependencias municipales con el objetivo de alquilar un espacio público destinado a un puesto ambulante comunitario. El costo del tributo por los tres días de uso estaba fijado en la suma de $100.000.
De acuerdo a los datos aportados en la denuncia, el inspector atendió al vecino y, tras realizar el supuesto trámite, le entregó un comprobante oficial indicando que todo estaba en regla y en condición de «pagado». Sin embargo, al momento de abonar, el funcionario le indicó al contribuyente que debía obviar la caja municipal y transferir el dinero directamente a su cuenta personal de Mercado Pago. Confiado en la palabra del empleado público y con el ticket en mano, el hombre realizó la transacción por los $100.000 y se retiró del lugar creyendo haber asegurado su espacio de trabajo.
El ardid delictivo se desmoronó cuando el vecino intentó hacer uso del espacio físico por el que había pagado. Al llegar al lugar, se encontró con la desagradable sorpresa de que el puesto no figuraba a su nombre ni constaba como alquilado por él. Frente a esta situación, la víctima exhibió el comprobante emitido por el municipio y mostró en su teléfono el comprobante de que la transferencia había sido enviada exitosamente a la cuenta personal del inspector.
Ante la contundencia del reclamo, el personal de la Municipalidad procedió a auditar internamente los movimientos en el sistema informático. Allí descubrieron la pieza clave de la estafa: el inspector efectivamente había ingresado el pedido de alquiler al sistema oficial para poder imprimir y entregar el comprobante de pago pero, de manera maliciosa, el trámite aparecía posteriormente registrado en la base de datos como «anulado». De esta forma, el dinero nunca ingresaba a las cuentas oficiales destinadas a la recaudación, sino que se desviaba al patrimonio personal del acusado sin dejar registro de deuda pendiente.
